Las oficinas y agencias antifraude autonómicas reclaman el reconocimiento de su papel como canal externo de denuncia y en la protección de las personas denunciantes

El 11 de mayo de 2022 se han reunido las Agencias y Oficinas autonómicas contra la corrupción del Estado español, en un encuentro organizado por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. El encuentro ha tenido lugar en la sede de la institución, situada provisionalmente en el Parlamento de Andalucía.

El encuentro ha reunido a los máximos responsables de las autoridades: Ricardo Vicente Puyol, director la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción; Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifraude de Cataluña; Joan Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana; y Belén Méndez, en funciones de dirección de la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción en las Illes Balears.

Con ocasión del anteproyecto de ley, que incorpora al derecho interno la Directiva (UE) 2019/1937 de protección de los denunciantes, de 23 de octubre de 2019, en la reunión se ha abordado la necesidad de un anclaje normativo que recoja el papel de protección de las personas alertadoras que desempeñan dichas autoridades independientes y que las reconozca claramente como canal externo de denuncia.

El objetivo de esta demanda es que las funciones que vienen ejerciendo, de acuerdo con sus leyes reguladoras, queden adecuadamente refrendadas en su ámbito competencial en el citado anteproyecto de ley. Se ha advertido, asimismo, de la necesidad de que el texto proyectado no suponga una regresión de los derechos ya reconocidos.