Las MEDIDAS DE DESARROLLO Y PROSPERIDAD PARA UN NUEVO GOBIERNO EN ANDALUCÍA acordadas en el Partido Popular y Ciudadanos para la formación de gobierno en Andalucía tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018 dan una importancia crucial en la lucha contra la corrupción. Así, se acuerda lo siguiente:

• Se pondrá en funcionamiento una Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción destinada a prevenir, detectar y denunciar las malas prácticas, abusos de poder, casos de fraude y corrupción, así como la sanción a los altos cargos que incumplan la normativa sobre incompatibilidades y conflictos de interés.
• Se encomendará el control de legalidad de todas las subvenciones concedidas por la Administración y por los entes públicos instrumentales de la Junta de Andalucía a la nueva Oficina
  
  Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción.
• Se aprobará un Proyecto de Ley Andaluza de Protección de los Denunciantes del Fraude y la Corrupción, en el que se recoja la protección y la tutela de los derechos de todas las personas que denuncien posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas o corruptas por parte de las personas al servicio de la Junta de Andalucía.
• Se reforzarán las sanciones para los altos cargos de la Junta de Andalucía que incumplan la normativa sobre conflictos de intereses y corrupción. Se encomendará a la nueva Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción la supervisión del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los altos cargos.
• Tolerancia cero con la corrupción: Ciudadanos y el Partido Popular se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial.
• Se racionalizarán los Organismos autónomos, entes instrumentales y otras estructuras duplicadas e innecesarias de la Junta de Andalucía, suprimiendo los que se hayan visto implicados
  
  en casos de fraude y corrupción.
• Se probará un Decreto-ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de todas las entidades dispersas de la “Administración paralela” con el doble objetivo de eliminar
  
  todos los entes que se consideren innecesarios o que se hayan visto expuestos a la corrupción, así como para garantizar la despolitización de las agencias, empresas y fundaciones públicas andaluzas y mejorar la profesionalidad y eficiencia en su gestión.
• La creación de Consejos de Transparencia e integridad en todas las Universidades Públicas de Andalucía para aumentar la transparencia y perseguir la corrupción.