De acuerdo con la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la unión, con efecto directo desde el día 18 de diciembre de 2021, las personas denunciantes tienen derecho a:

• Formular la denuncia por vía escrita y verbal (telefónica, sistemas de mensajería de voz o reunión presencial en un plazo razonable con trazabilidad garantizada).
• Derecho a documentar la denuncia verbal mediante la grabación de la conversación en un formato duradero y accesible o a través de una transcripción completa y exacta.
• Derecho a comprobar, rectificar y aceptar la transcripción de la llamada.
• En caso de reunión con el personal, derecho a que se conserven registros completos y exactos de la reunión en un formato duradero y accesible.
• Derecho a comprobar, rectificar y aceptar el acta de la reunión.
• Derecho consentir la grabación en caso de que se curse la denuncia por vía telefónica y a acceder a un canal alternativo.
• Que no se revele su identidad sin su consentimiento expreso, ni tampoco cualquier otra información de la que se pueda deducir su identidad. Sólo podrá revelarse la identidad cuando constituya una obligación necesaria y proporcionada impuesta por el Derecho de la Unión o nacional, por la naturaleza de la comunicación, en el contexto de una investigación de las autoridades nacionales o en un proceso judicial, en particular para salvaguardar el derecho de defensa de la persona afectada.
• Derecho a que se aplique la normativa sobre protección de datos personales.
• Derecho a que no se recopilen datos personales cuya pertinencia no resulte manifiesta para tratar una denuncia específica y que si se recopilan por error se eliminen sin dilación indebida.
• Que el canal sea independiente, autónomo y que desarrolle un exhaustivo análisis.
• Obtener un acuse de recibo de la denuncia presentada (salvo que se considere que este recibo compromete la identidad del denunciante).
• El seguimiento diligente de las denuncias.
• Recibir respuesta sobre la tramitación de la denuncia en un plazo de 3 meses (6 meses en casos justificados).
• Que se comunique el resultado final de la investigación Resultante de la denuncia.
• Notificación de una decisión motivada si se archiva la denuncia por ser considerada manifiestamente menor.
• Notificación de una decisión motivada si se archiva el procedimiento por ser una denuncia reiterada que no contenga información nueva o significativa en comparación con la denuncia anterior respecto de la cual han concluido los correspondientes procedimientos.
• Que se transmita en un tiempo oportuno la información contenida en la denuncia a las instituciones u organismos competentes para que se siga investigando.
• Ser informado/a de la transmisión de la denuncia a la autoridad competente, en su caso, dentro de un plazo razonable y de manera segura (en caso de que la autoridad que haya recibido una denuncia no tenga competencia para su tratamiento).
• Derecho a que, si el canal en el que se ha presentado la denuncia es erróneo, se remita a los responsables de su tramitación y se prohíba que el personal que la haya recibido pueda revelar cualquier información que pudiera permitir identificar al denunciante o a la persona afectada.
• Derecho a que se garantice la exhaustividad, integridad y confidencialidad de la información y se impida el acceso a personal no autorizado.
• Derecho a que se asegure el almacenamiento duradero de información para que puedan realizarse nuevas investigaciones.
• Queda prohibido que la persona denunciante se vea obligada a renunciar a los derechos y vías de recurso de la Directiva por medio de ningún acuerdo, política, forma de empleo o condiciones de trabajo, incluida cualquier cláusula de sometimiento a arbitraje.
• Derecho a la prohibición expresa de represalias, tales como:
  • Suspensión, despido, destitución o medidas equivalentes.
  • Degradación o denegación de ascensos.
  • Cambio de puesto de trabajo, cambio de ubicación del lugar de trabajo, reducción salarial o cambio de horario de trabajo.
  • Denegación de formación.
  • Evaluación o referencias negativas con respecto a sus resultados laborales.
  • Imposición de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra sanción, incluidas las sanciones pecuniarias.
  • Coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo.
  • Discriminación, o trato desfavorable o injusto.
  • No conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un contrato indefinido.
  • No renovación o terminación anticipada de un contrato de trabajo temporal.
  • Daños, incluidos a su reputación, en especial en los medios sociales o pérdidas económicas, incluidas la pérdida de negocio y de ingresos.
  • Inclusión en listas negras sobre la base de un acuerdo sectorial, informal o formal, que pueda implicar que en el futuro la persona no vaya a encontrar empleo en dicho sector.
  • Terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios.
  • Anulación de una licencia o permiso.

También puede consultar el Catálogo de derechos de la persona alertadora-denunciante elaborado por la Red Estatal de Oficinas y Agencias Antifraude.