Los titulares de las oficinas antifraude autonómicas se reunieron ayer 18 de enero de 2023 para examinar el proyecto de Ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobada por el Congreso de los Diputados el 22 de diciembre de 2022 y que actualmente sigue su tramitación parlamentaria en el Senado.

Esta ley transpone al Derecho español la Directiva Europea (UE) 2019/1937, conocida como «Whistleblower«, para garantizar la seguridad de personas que denuncien en el ámbito laboral o profesional, de forma anónima o no, actos que supongan infracciones normatives y corrupción, en especial las que provocan un detrimento para los fondos y recursos públicos.

Como parte de las novedades, la adopción de canales de información internos y externos será obligatoria. Tanto el sector público como el privado tendrán que implementar canales de denuncia que garanticen la confidencialidad para los informantes y otras personas involucradas. Partidos políticos, sindicatos, empresas y fundaciones públicas también necesitarán establecer sus propios sistemas internos de información.

Respecto al canal externo de información, serán las autoridades antifraude autonómicas, en aquellos territorios donde estén creadas, las encargadas de ponerlo en marcha. Deberán ofrecer a los ciudadanos una vía de comunicación para recibir denuncias, proporcionar asesoramiento y brindar medidas de protección a los informantes, si así lo requieren, para evitar posibles represalias. A nivel estatal y para aquellas comunidades autónomes que no cuenten con órganos propios, la Ley prevé la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI).

En este encuentro se han analizado las enmiendas introducidas en el proyecto aprobado en el Congreso de los Diputados, así como el grado de incorporación de las alegaciones realizadas por las oficinas en la fase de información pública.

De este análisis realizado se constata que las alegaciones planteadas por las autoridades autonómicas han sido parcialmente incorporadas, sin embargo, se mantienen criterios que podrían limitar la capacidad de acción de éstas al centralizar competencias en la futura Autoridad Independiente de ámbito estatal. Por ello, se reclama una participación más activa de las autoridades autonómicas.

Un ejemplo es la ausencia de dichas autoridades en la Comisión Consultiva de Protección al Informante que prevé la Ley, un criterio contrario a la fundamentación jurídica del Estado de las Autonomías.

Otra cuestión que preocupa de manera especial es el ámbito material de aplicación de la Ley que se circunscribe a “Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave”. Esto deja fuera de aplicación numerosas conductas que, aun siendo leves, no por ello son menos importantes, sobre todo si lo que se pretende es fomentar la integridad de las organizaciones.

Estas infracciones de “baja intensidad” no incluidas en el ámbito de aplicación del proyecto de ley sí están recogidas en las diferentes leyes autonómicas, por lo que habrá que clarificar los procedimientos aplicables en caso de infracciones recogidas en las leyes autonómicas y no recogidas en el proyecto de ley.

En este encuentro celebrado en el Parlamento de las Illes Baleares, han participado el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Miguel Ángel Gimeno, el director de la Agència Valenciana Antifrau (AVAF), Joan Llinares, el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), Ricardo Vicente Puyol, la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, Edurne Eginoa y el director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears (OAIB), Cristóbal Milán.