El combate contra la corrupción se puede abordar desde diferentes ángulos: prevenir los conflictos de interés, implementar tecnología en obras públicas, mejorar los controles sobre las personas expuestas políticamente o la lucha contra el lavado de dinero, entre otros. Otro elemento fundamental es la mejora de los Sistemas Nacionales de Control, particularmente a través del fortalecimiento de las Entidades de Fiscalización Superior.
Si bien las entidades de fiscalización (contralorías generales, tribunales de cuentas…) desempeñan un papel importante en la rendición de cuenta de los gobiernos, su labor se ha centrado tradicionalmente en las auditorías financieras y de cumplimiento. Esto abarca dos grandes espacios. Por un lado, implica comprobar si las decisiones financieras y administrativas de un gobierno se han realizado conforme a las leyes y procedimientos vigentes. Por otro lado, de detectarse irregularidades, se procede a abrir una investigación y emitir la sanción correspondiente.
La ola de eventos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos años ha abierto el debate sobre el rol de la auditoría y la fiscalización en la lucha contra la corrupción. Todavía no existe consenso acerca de si éstas pueden prevenir la corrupción -y no sólo identificar e intervenir prácticas ilícitas dentro del Estado una vez que ya han ocurrido. Por el momento, sí existen ejemplos de entidades de fiscalización que han desarrollado herramientas de prevención y detección de la corrupción. También se está avanzando hacia auditorías no tradicionales como las auditorías de desempeño o las auditorías a mecanismos de control interno, que tratan de identificar riesgos y detectar irregularidades dentro de las entidades públicas.
